No es consenso, es Justicia

Desde el campo de la sociología el concepto de consenso fue objeto de distintos abordajes conforme a las diferentes corrientes sociológicas del momento: desde el funcionalismo iniciado por Spencer y profundizado por Durkheim y Parsons y desde las teorías del conflicto basadas en la obra de Marx y actualizadas por Wright Mills y otros sociólogos. Pero más allá de cualquier orientación, las preguntas que debemos formularnos son ¿para qué?, ¿con quiénes?, ¿para quiénes?, ¿cómo? Dichos interrogantes deberían estar presentes a la hora de definir este concepto.
Podríamos extendernos en esta cuestión, pero éste no es el núcleo del tema que nos ocupa.
El objetivo es buscar un sinceramiento de los sujetos, estamentos y corrientes de intereses políticos y económicos que se mueven en la diaria realidad social en la que estamos inmersos, muchos de los cuales han tomado un concepto de la sociología distorsionando su contenido en favor de sus propios intereses.
El proyecto de país puesto en marcha en el 2003, sostenido y profundizado por la actual gestión del gobierno nacional, recibe los embates de una oposición mediáticamente virulenta que ha instalado el término “consenso” como sinónimo de amplitud democrática, cuyo propósito es recubrirse de apariencias populares y tratar de conquistar mayor apoyo de la ciudadanía, pero que en el fondo responde a intereses políticos y económicos enfrentados a las bases de una construcción en pos de la justicia social para todos.
El neoliberalismo en Argentina tuvo consenso durante más de diez años e instaló en el país una pobreza jamás imaginada. Para Carrió, Morales, Solá, Macri, De Narváez, para sectores religiosos con monseñores y un locuaz rabino de la soja piquetera, para las grandes corporaciones económicas, el “consenso” equivale a que nada se modifique y que sus intereses no se vean afectados.
La tensión es propia de todo proceso de cambio, desde siempre y en todos los países del mundo. Los paladines del “consenso” enarbolan una bandera que no les es propia, pues ellos mismos son los generadores permanentes del conflicto al manifestar una oposición por la oposición misma.
¿No es, acaso, una contradicción que los reclamos con los que muchos de ellos hicieron sus plataformas electorales son ahora una realidad concreta y, sin embargo, generan un nuevo pedido de “consenso”? ¿Cuántas veces Carrió pidió la asignación universal por hijo? ¿Cuántas veces Morales reclamó porque las telefónicas no estén consideradas dentro de la ley de medios ? ¿Qué radical no esgrimió como punta de lanza la reforma del régimen de jubilaciones? ¿Acaso, De Narváez o sus socios –no tan socios ahora por apetencias individuales– Solá y Macri, no reiteraron casi hasta el hartazgo la necesidad de una reforma política? ¿Cuánto les molesta y duele lo realizado en materia de derechos humanos que tratar de devolverles la identidad a víctimas de la última dictadura militar se les antoja como una invasión o avasallamiento a la intimidad individual y privada de las personas? ¿Qué “consenso” sustenta la vergonzosa y cómplice plegaria de silencio de la Iglesia para no excomulgar a Von Wernich?
Es hora de que a las palabras se les quite el esmalte del gatopardismo: ningún gobierno necesita de esos “consensos” para consolidar la Justicia.
Consenso es también el que tuvo Hitler; consenso buscaron las distintas dictaduras que asolaron nuestro país y a América latina; con consenso, convirtieron en tragedia para nuestros jóvenes una causa justa como Malvinas.
Basta de simular bajo el léxico de la sociología. Basta de pretender imponer posiciones de poder , negando la transformación profunda que implica el unos con otros en un pie de igualdad y posibilidad ante la ley.
Si asumimos el compromiso de aportar nuestro mayor esfuerzo en la construcción del Estado de justicia, compartimos la posición del Derecho, en el decir de Héctor Negri, como un proyecto de armonía social fundado en el respeto a la dignidad humana. Por eso el derecho es una de las creaciones más difíciles y delicadas.
El fin del derecho es genuinamente pacífico, rehúsa totalmente los procedimientos violentos. La lucha por el derecho es una lucha de la conciencia, no de la fuerza.
La búsqueda de ciudadanos libres e iguales ante la ley es un desafío, no exento de errores que, seguramente, producirá conflictos y tensiones con quienes disfrazados de personeros de los “consensos” abogan engañosamente por el poder y la sobrevivencia de sus privilegios. Ese pregonar “consenso” entre algunos iguales, entre algunas minorías que se arrogan la representatividad de las mayorías, falseando su propia identidad ideológica, no es reivindicar la Justicia y la ética ciudadana, es abroquelarse, mimetizada y mezquinamente, en torno de sus propios intereses para cristalizar el Estado de injusticia.
Nuestra agenda es la militancia por el derecho y la justicia social, irrenunciable desafío del campo nacional y popular.

Gustavo Oliva
Rector del Colegio de la Universidad de La Plata.